Somos el único país en el mundo en que el agua es mercancía privada. No pertenece a todos los chilenos. No es un Derecho Humano.
Isabel Tagle, columnista. Imagen referencial, Sociedad Civil por la Acción Climática en Twitter de la Fundación Heinrich Böll
Hace 30 años se realizó la primera Agenda 21, reunión internacional que, en la Introducción de su Programa proclama: “A fin de abordar la problemática del medio ambiente y el desarrollo los Estados han decidido establecer, en una nueva asociación mundial, un diálogo continuo y constructivo basado en la necesidad de lograr que la economía mundial sea eficiente y justa, teniendo presentes la creciente interdependencia de la comunidad de naciones y el hecho de que el desarrollo sostenible debería pasar a ser un tema prioritario del programa de la comunidad internacional”.
Es un Programa que abarca todos los ámbitos: cultural, científico, socioeconómico y medio ambiental en el cual se reconoce que “el desarrollo sostenible exige el compromiso con una gestión y unas políticas económicas racionales, una administración pública eficaz y previsible, la integración de las cuestiones ambientales en la toma de decisiones y el avance hacia un gobierno democrático que permita plena participación de todas las partes”.
Estamos a meses de ser Sede de la Conferencia de las Partes (COP25) de Naciones Unidas, cumbre sobre el Cambio Climático donde nuevamente se reunirán 197 países. Sin embargo en Chile recién, después de 30 años de espera, está en proceso un Anteproyecto de Ley de Cambio Climático.
El problema es que la coherencia entre las cumbres y la realidad, no existió ni existe en la actualidad. En nuestro país pasaron tres décadas abundando y aplicando el modelo extractivista cada vez más afianzado. Se ha contaminado la atmósfera con la quema de combustibles fósiles (petróleo y carbón) siendo el área de la generación eléctrica la más contaminante, se ha desforestado bosques de árboles nativos que descontaminan, se ha depredado y contaminado el suelo y el agua con los monocultivos que requieren altas dosis de agro tóxicos, se han secado territorios tradicionalmente fértiles con plantaciones de pino y eucaliptus, especies foráneas y sedientas que además acidulan la tierra. Podríamos seguir con una larga lista de acciones contaminantes como Puchuncaví, Aysén y etcéteras. Todo esto arguyendo el desarrollo que en la realidad se transforma en lucro para unos pocos.
Somos el único país en el mundo en que el agua es mercancía privada. No pertenece a todos los chilenos. No es un derecho humano.
En el ámbito mundial no estamos mejor. El promedio de la acumulación de CO2 en la atmósfera, que desde el año 1000 se había mantenido en 275 PPM aproximadamente, en los últimos 50 años ha subido a 410 PPM. El CO2 además de producir efecto invernadero, se disuelve en los océanos acidulándolos, destruyendo su flora y su fauna; este fenómeno en los últimos quince años se ha acelerado 10 veces más que en los últimos 300 años. El hielo Ártico se está descongelando desde el 2002 tal como los glaciares en la Antártica se fracturan por el mismo motivo. Como consecuencia, el nivel del mar sube por el deshielo y por expansión del agua con el calentamiento, inundando grandes zonas costeras y provocando migración.
La variación de los patrones de las precipitaciones ha cambiado provocando sequías y menos precipitaciones, pero cuando llueve lo hace con mayor intensidad, produciendo inundaciones con pérdidas materiales, alimentarias y humanas. Esto es, cada vez se producen fenómenos climáticos más extremos.
Entonces la pregunta es, ¿qué siguen esperando las autoridades? Hace 30 años están clarísimos los problemas que provoca la industrialización no sustentable en manos de multinacionales cuyo único fin es el lucro. También se conocen las soluciones necesarias dentro de este modelo: regulaciones claras, real protección del medio ambiente, arborización con árboles nativos para captar CO2, tecnologías limpias para generación eléctrica, minera, industrial, domiciliaria y transporte, medidas de protección del agua elemento básico para la vida, y etcéteras.
Parece que nadie quiere ponerle el cascabel al gato y nosotros hacemos de ratones en este juego porque, a la vez que se elabora un anteproyecto de Ley de Cambio Climático, el gobierno se empeña en que se apruebe el TPP11 tratado que libera al Estado de la obligación de salvaguardar los derechos de las personas y de los ecosistemas, dejándolo al arbitrio de la intencionalidad y buena fe de las empresas, este tratado propone: “auditorías e informes voluntarios realizados por las empresas”, “incentivos basados en el mercado”, como los bonos de carbono, el “intercambio voluntario de información y conocimiento especializado” y las “asociaciones público privadas”. Todas acciones que llevan a desmarcar al Estado de la responsabilidad que tiene con la ciudadanía y los territorios.
Por otro lado, amarra a nuestro país y lo obliga a acatar, en caso de que las transnacionales consideren que su “expectativa razonable de ganancia” se vea deteriorada, el fallo de tribunales internacionales controlados… justamente por las trasnacionales.
Así, cuando se necesite regular a una trasnacional por contaminar, esta nos lleva a los tribunales antedichos porque no se cumplirían sus “expectativas de ganancias” y… ¡¡¡Además de contaminarnos, todos los chilenos a través del Estado, tendríamos que pagarles!!!
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