Diputados piden tomar medidas para solucionar conflicto tras cierre de empresa Maersk de San Antonio

La petición solicita implementar las medidas de reconversión indispensables para ofrecer alternativas laborales a los trabajadores afectados, incluyendo la posibilidad de apoyar el desarrollo de un proyecto de emprendimiento cooperativo que contemple aportes de los trabajadores, del Estado y del movimiento cooperativo.

Solicitar al Presidente de la República que adopte todas las acciones necesarias para dar estricto cumplimiento de la normativa laboral vigente y solucionar el conflicto generado por el abrupto cierre de la empresa Maersk, de San Antonio, es el propósito de la resolución 168 aprobada por la Sala de la Cámara de Diputados, por 110 votos a favor y 4 abstenciones.

El texto parlamentario también pide implementar las medidas de reconversión indispensables para ofrecer alternativas laborales a los trabajadores afectados, incluyendo la posibilidad de apoyar el desarrollo de un proyecto de emprendimiento cooperativo que contemple aportes de los trabajadores, del Estado y del movimiento cooperativo.

La resolución se funda en la decisión informada el 14 de junio por Maersk Container Industry San Antonio, de poner fin a la fabricación de contenedores refrigerados en sus instalaciones de Malvilla, en esta ciudad puerto de la región de Valparaíso.

La multinacional danesa Maersk comenzó en 2012 la construcción de la primera fábrica de contenedores refrigerados de Latinoamérica, con una inversión de 170 millones de dólares y beneficios y franquicias otorgadas por el Estado de Chile a través de Corfo y Sence por 4 millones de dólares.

El cierre involucra el despido de 1.209 trabajadores altamente calificados y responde, según la empresa, «a la sobreproducción de contenedores en el mundo, en combinación con la dificultad permanente para obtener, a nivel regional, los proveedores de insumos esenciales para su fabricación».

Maersk ha señalado que todos los trabajadores recibirían una indemnización de dos remuneraciones mensuales como compensación adicional a lo que exige la ley. Sin embargo, las organizaciones sindicales de la empresa han señalado que esta ha incurrido en graves faltas a la normativa laboral, al condicionar la firma de los finiquitos a la renuncia de acciones legales y que, además, no se estarían respetando los fueros maternales y sindicales, entre otras situaciones.

Particular gravedad revisten estas denuncias, pues se trata de una empresa de capitales extranjeros que debe someterse a los estándares de «conducta empresarial responsable» (RBC: Responsible Bussiness Conduct) de la OCDE cuyo «marco para la inversión internacional» (Policy Framework) exige el cumplimiento de acuerdos de responsabilidad empresarial que, en este caso, no se han cumplido, indican los autores de la resolución, los diputados del PPD Rodrigo González y Ricardo Celis; del Frente Amplio Jorge Brito y Camila Rojas; Marcelo Díaz (PS), Daniel Núñez (PC), Alejandra Sepúlveda (FRVS), María José Hoffmann (UDI), Víctor Torres (DC) y Andrés Celis (RN).

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